La desamortización decimonónica.

Analizando esta gráfica vemos que en el eje vertical, o de ordenadas, se recogen los millones de reales de vellón con origen 0 y fin 3500, dividido en tramos de quinientos millones en quinientos millones. En el eje horizontal, o de abscisas, aparecen recogidos cuatro periodos históricos: el primero de ellos abarca de 1836 a 1844, que corresponde con la fecha de aprobación de la Ley de Desamortización de Mendizábal; el segundo abarca de 1845 a 1854, en el que es visible un parón del proceso de desamortización coincidiendo con la llegada al poder del partido moderado; el tercero abarca de 1855 a 1856, se corresponde con la vuelta al gobierno del partido progresista y con la creación, por parte de Madoz, de la Ley General de Desamortización y el cuarto abarca el periodo comprendido entre 1858 y 1867, que pese a estar protagonizado por el partido moderado, no hubo oposición a la labor desamortizadora. Los reales de vellón hacen referencia a las monedas creadas partiendo de la aleación de cobre y plata, y que fueron ya utilizadas en lo que hoy se conoce como España durante los reinados de Felipe III, Felipe IV y sus sucesores. Aparecen dos tipos de barras con dos tonalidades diferentes que recogen los valores del eje vertical, por un lado la barra de tonalidad oscura se refiere a los bienes civiles; y por otro lado, la barra de tonalidad más clara recoge los datos de los bienes eclesiásticos. Atendiendo a esto, podemos decir que esta gráfica recoge los millones de reales de vellón utilizados en las diferentes desamortizaciones de nuestro país. Durante los años de 1836 a 1844 los bienes eclesiásticos suponen unos 3.250 millones de reales de vellón y los bienes civiles suponen una cifra insignificante; en el segundo tramo, de 1845 a 1854, ambas cifras son muy bajas; en el tercer tramo, de 1855 a 1856, las cifras se equiparan, los bienes civiles superan a los eclesiásticos pero ninguno de los valores supera los 500 millones; por último, el tramo que abarca de 1858 a 1867 muestra que los bienes civiles suponen casi 3.000 millones de reales, superando a los eclesiásticos, que no llegan a los 1.500.

Para comentar esta gráfica debemos atender a la situación del mundo rural durante el siglo XVIII y XIX. La mayor parte de las tierras se encontraban en manos de grandes propietarios no cultivadores como los municipios, las iglesias y alta nobleza; a esto hay que sumar lo que se conoce como “Manos Muertas”, bienes y tierras enajenadas que no podían ser cultivados o vendidos. La agricultura se encontraba anquilosada en técnicas de la Edad Media y el sistema agrario feudal entró en crisis a inicios del siglo XIX por su incapacidad de responder a la nueva demanda. Desde el año 1765 se venía insistiendo, por parte de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de ilustrados como Jovellanos, en la necesidad de acometer una reforma agraria, que llegaría en 1784 con el “Expediente de Ley Agraria”. Carlos III también decretó que las tierras de los ayuntamientos debían ser accesibles para los campesinos pobres en determinadas zonas. Para el año 1798 los apuros económicos del gobierno de Godoy propiciaron las primeras expropiaciones a la Iglesia, y con José I Bonaparte también se realizaron expropiaciones para favorecer a los afrancesados y conseguir ingresos para la Hacienda. Las Cortes de Cádiz elaboraron en 1813 un decreto de desamortización que no llegó a ser aplicado por el golpe de estado de Fernando VII, aunque sí entró en vigor durante el Trienio Liberal.

Con la desamortización de Mendizábal entre 1835 y 1837, los bienes del clero secular fueron nacionalizados y puestos a la venta con el objetivo de abastecer la Guerra Carlista, acabar con el clero carlista y crear una amplia base de familias de nuevos propietarios adictas al régimen liberal. La realidad de este proceso fue que el liberalismo se granjeo enemigos entre los católicos.

La labor desamortizadora volvió a desarrollarse con frenetismo durante los años del bienio progresista. La Ley General de Desamortización de Pascual Madoz en 1855 puso en venta los últimos bienes de la iglesia, los bienes amortizados del Estado y los amortizados de las alcaldías municipales. Tras el bienio progresista, desde 1858 a 1867, los distintos gobiernos no se opusieron a la desamortización ya que la cantidad de bienes eclesiásticos desamortizados disminuyó, aumentando, en contra, los bienes civiles desamortizados.

La realidad del proceso desamortizador en España es contradictoria, los principales beneficiados de dicha labor son la nobleza terrateniente y los burgueses, estos últimos compraron deuda pública, y ambos grupos adquirieron tierra a muy bajo precio. Por el contrario, los grandes perjudicados son los municipios, las iglesias y sobre todo los campesinos pobres, ya que ahora no podían beneficiarse del trabajo en las tierras eclesiásticas y municipales dado que los nuevos propietarios no accedían a permitirlo. Desde este momento, la situación del pequeño campesinado empeoró en la mayoría de ocasiones ya que vivieron un proceso de proletarización, pasando a ser jornaleros mal remunerados en las fincas de los nuevos propietarios.

Como conclusión apuntar que el número de hectáreas desamortizadas ronda los diez millones, pero el aumento de la producción agraria no respondió a criterios de mejoras técnicas, si no a un aumento de la extensión de las tierras cultivadas por la desaparición de las “manos muertas”, lo que muestra un estancamiento tecnológico. La situación del pequeño campesinado se agravó, y al no existir una revolución agraria como tal, no se produjo el trasvase de mano de obra necesaria para acometer la revolución industrial. Recordando la frase de Fernand Braudel, a través del análisis de esta gráfica de barras se puede comprender la actual fisonomía del campo español.